Uber es la punta de lanza. Es sólo el comienzo de una avalancha de servicios que empiezan a operar al margen de la ley por una u otra razón. Están en la zona gris de ésta, derechamente van en contra de ella o burdamente no pagan impuestos. La tecnología ha derribado las barreras de entrada a muchos mercados, disminuye los costos de transacción y las asimetrías de información. Han cambiado las reglas del juego de nuestra sociedad y la economía. Sin embargo el gobierno sigue pidiendo “fuera de juego” sin darse cuenta que es una batalla donde tarde o temprano tendrá que ceder.
Sobre Uber en el análisis es simple: hoy es ilegal, pero el desafío no es cómo matarlo, sino cómo legalizarlo. Uber da un mejor servicio y a un mejor precio, porque el gobierno ampara un sistema que garantiza un mal servicio, consecuencia de una colusión o cartel legal. Establecer un estándar de servicio para el transporte público, tanto en la calidad del auto, seguros involucrados o las habilidades del chofer, me parece correcto y debe ser fiscalizado. Pero claramente es una política obsoleta con consecuencias nefastas limitar la cantidad de taxis. Además se coarta la posibilidad de cualquiera de emprender en este rubro.
El gobierno protege a un grupo de interés en desmedro de uno mayor (sus clientes), cuando debiera pensar cómo formalizar una industria naciente. Sin embargo el desafío es más: no se trata de este caso particular, sino de cómo cambiar la forma de legislar y regular en este nuevo escenario. Uno donde el Estado pierde plata por cada segundo que pasa, los mercados negros son elegantes y sofisticados, las transacciones no son físicas, Servicios de Impuestos Internos no sabe lo que pasa y todo esto es respaldado por millones de clientes felices. AirBnB ha puesto en jaque la industria hotelera, pero curiosamente mientras este gremio no reclame lo suficiente el gobierno no hará nada. Las tiendas por Facebook crecen como callampas y los verduleros ya atinaron con ganarle a los supermercado con servicios a domicilio a mejor precio y con productos más frescos, mientras los kioscos religiosamente dan boleta. Miles de emprendedores ofrecen servicios “free-lance” a través de plataformas a todo el mundo sin que nadie sepa, mientras una pyme que contrata servidores fuera de Chile tiene que pagar un 35% de impuestos.
Las lista es interminable y está creciendo exponencialmente. Es urgente actualizar la regulación para legalizar todas estas actividades y servicios, en vez de pelear en nombre de lo obsoleto. Lo que viene por delante no es menor: hoy el mercado para cualquiera puede ser el mundo completo y el diseño impositivo y regulatorio debe tomar en cuenta esta realidad. Las operaciones, pagos y prestaciones de servicios será cada vez más globalizada, por lo que la trazabilidad de todo esto será clave. Pero antes de esto, se debe partir por reconocer que hay nuevas reglas del juego, para lo que es necesario un sistema de legislación más ágil y flexible (y no uno anclado a un paradigma de hace 200 años). La buena noticia es que modernizarse es una gran oportunidad: mayor recaudación y mejores servicios para todos.
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